El Gobierno dispuso un nuevo esquema tarifario que impactará en las boletas de luz y gas de Tierra del Fuego con subas de hasta el 4,7%. La medida, presentada como “recomposición” para las distribuidoras, se inscribe en la política de reducción de subsidios y anticipa un 2026 marcado por más ajustes y menos participación ciudadana en el debate energético.
El anuncio de diciembre no es un hecho aislado: forma parte de una estrategia oficial que busca trasladar el costo real de la energía a los usuarios, mientras se reduce el peso de los subsidios estatales. En Tierra del Fuego, las boletas residenciales, comerciales e industriales sufrirán incrementos que van del 2,5% al 4,7%, según el nivel de consumo y la categoría socioeconómica.
La segmentación vigente todavía distingue entre hogares de ingresos altos, medios y bajos, pero diciembre será el último mes con ese esquema. Desde enero, la Secretaría de Energía aplicará una nueva clasificación binaria: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. Una simplificación que, lejos de transparentar, amenaza con invisibilizar las desigualdades territoriales y sociales.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, defendió la medida como parte de la recomposición de ingresos de las distribuidoras y transportistas. Sin embargo, el impacto real se siente en los hogares: familias N1 (ingresos altos) con consumos superiores a 650 kWh verán subas de hasta 4,7%, mientras que los sectores medios y bajos tendrán aumentos de entre 2,4% y 3,9%.
La narrativa oficial habla de “sinceramiento” y “eficiencia”, pero en la práctica se traduce en un ajuste que erosiona el poder adquisitivo en un contexto de inflación persistente y salarios rezagados. El reemplazo de audiencias públicas por consultas digitales, anunciado para 2026, refuerza la idea de un modelo energético sin participación ciudadana, donde las decisiones se toman a puertas cerradas y los usuarios quedan relegados al rol de pagadores silenciosos.
En paralelo, los aumentos en combustibles y transporte público completan un cuadro de presión sobre la economía cotidiana. Tierra del Fuego, históricamente castigada por los costos logísticos y energéticos, vuelve a ser laboratorio de políticas que luego se expanden al resto del país.
La pregunta que queda flotando es si este esquema de tarifas y subsidios responde a una verdadera política de soberanía energética o si, por el contrario, consolida un modelo de transferencia de recursos desde los hogares hacia las empresas distribuidoras.
Fuente : Radio + 104.9 Multimedia