El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud que va más allá del proyecto Sea Lion: exige que el Reino Unido deje de utilizar información obtenida en exploraciones, respete obligaciones ambientales y se abstenga de emitir nuevas licencias petroleras en la zona en disputa. La estrategia combina soberanía, medio ambiente y derecho internacional.
La ofensiva argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no se limita a frenar el proyecto Sea Lion. El Gobierno presentó una solicitud integral que apunta a detener todas las acciones británicas que puedan agravar la disputa en la Cuenca Malvinas Norte, desde el uso de información técnica hasta la emisión de nuevas licencias petroleras.
El canciller Pablo Quirno detalló los cuatro pedidos formulados ante el Tribunal. El primero exige suspender cualquier avance del proyecto Sea Lion, cuya producción comercial está prevista para 2028. Aunque aún no comenzó la extracción, las empresas ya contrataron infraestructura y avanzaron con perforaciones preparatorias.
El segundo pedido apunta a un aspecto clave: la información obtenida durante las exploraciones. Argentina reclama que el Reino Unido se abstenga de utilizar datos geológicos, geofísicos y técnicos que podrían perjudicar los derechos soberanos argentinos mientras la controversia sigue abierta. Es una dimensión estratégica que busca impedir que Londres consolide ventajas técnicas en el área.
El tercer punto introduce la cuestión ambiental. Argentina sostiene que el Reino Unido está impidiendo el cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, que obligan a proteger el medio marino y prevenir la contaminación. El planteo busca preservar facultades ambientales y evitar daños en el lecho y subsuelo marino.
El cuarto pedido exige que Londres se abstenga de otorgar nuevas licencias o adoptar decisiones que agraven la disputa. La intención es congelar cualquier avance administrativo mientras se sustancia el procedimiento internacional.
La presentación se enmarca en el arbitraje del Anexo VII iniciado el 28 de septiembre, pero utiliza el artículo 290 para solicitar medidas urgentes mientras se constituye el tribunal arbitral. El Tribunal del Mar puede aceptar, rechazar o modificar los pedidos. Si los concede, serán obligatorios.
El Gobierno cerró su planteo reafirmando su compromiso con el derecho internacional y el diálogo, e invitó al Reino Unido a retomar negociaciones bilaterales para una solución pacífica y definitiva.
Fuente: Radio+🎙️Multimedia 104.9 Mhz.
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