El Senado aprobó la reforma del Régimen de Zona Fría y millones de usuarios perderán el beneficio. Al mismo tiempo, el Gobierno enfrenta una denuncia por la incorporación de una petrolera con antecedentes en Malvinas al RIGI, condona deudas millonarias a distribuidoras eléctricas y celebra inversiones que dependen más del contexto internacional que de una política energética sólida. Un repaso de una semana que expuso tensiones, privilegios y contradicciones.
La reforma del Régimen de Zona Fría ya es ley. El Senado la aprobó con 38 votos a favor y 8 en contra, después de un acuerdo que el Gobierno cerró con gobernadores del norte a quienes prometió ampliar subsidios eléctricos para enfrentar el calor extremo del verano. El documento lo dice sin rodeos: “El Norte vendió su voto a cambio de aire acondicionado subsidiado”. La Patagonia, mientras tanto, quedó mirando cómo sus gobernadores aceptaban el nuevo esquema sin levantar la voz.
El impacto es inmediato. Con el nuevo cálculo, el descuento del 50% deja de aplicarse sobre la factura total y pasa a aplicarse solo sobre el precio del gas en el PIST. El ejemplo es brutal: una factura de $100.000 que antes quedaba en $50.000 ahora trepa a $80.000. El usuario que conserva el beneficio sufre un aumento del 60%. Los jubilados y titulares de AUH excluidos directamente duplican su factura. Y los residenciales generales pierden el 30% y pagan un 43% más. El Gobierno calcula 1,6 millones de afectados; otras estimaciones hablan de más de 3,3 millones.
Mientras se recorta el beneficio, el Estado mantiene el recargo del 7,5% que financia el fondo de Zona Fría. Es decir, una familia que perdió el subsidio puede seguir aportando al mecanismo que ya no la protege. La Federación Argentina de Municipios lo definió como “un golpe directo al bolsillo de las familias”.
En paralelo, el RIGI quedó bajo la lupa judicial. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas denunció penalmente a la secretaria de Energía, a su antecesor y al subsecretario de Hidrocarburos por la incorporación al régimen de Southern Energy, cuyo accionariado incluye a Harbour Energy, empresa con antecedentes de operar en Malvinas sin autorización. “La pregunta que deberá responder la Justicia es si esos antecedentes debieron impedir o condicionar el acceso al régimen”, señala el documento. La denuncia alcanza a dos gestiones y expone una decisión sostenida en el tiempo.
La tensión creció cuando se supo que uno de los denunciados, Horacio Veller, fue recibido por la mayoría del directorio del ENReGE sin conocimiento del vicepresidente del organismo. Una reunión irregular, en un momento delicado, que el sector interpretó como un movimiento político para posicionarse en la conducción del ente.
Mientras tanto, el Senado aprobó un artículo que condona deudas por USD 1.842 millones a distribuidoras eléctricas. Edenor, Edesur y el Grupo DESA encabezan la lista de beneficiados. El mecanismo es difícil de justificar: el Estado aportó subsidios para sostener el sistema, las distribuidoras no pagaron la energía que vendieron y ahora se les compensan esas deudas con “activos regulatorios”. El documento lo resume con crudeza: “El que cumple, paga; el que no cumple, es premiado.” Para completar el cuadro, el funcionario que debe ejecutar la condonación es un exdirectivo de una de las empresas beneficiadas.
En medio de estas tensiones, el Gobierno celebró en París la aprobación del RIGI para un megaproyecto de Pluspetrol en Vaca Muerta por USD 12.400 millones. La producción del área se multiplicó por 3,6 en un año y el plan incluye más de 620 pozos y nuevas plantas de procesamiento. La inversión es enorme, pero también es una apuesta a 25 años en un contexto regulatorio que cambia semana a semana.
La semana también dejó otro anuncio: TGN avanzará con un nuevo gasoducto troncal de USD 2.200 millones para exportar gas a Brasil. La obra promete sustituir importaciones y abrir mercados, pero se apoya en una concesión que vence en 2027 y aún no fue renovada. La confianza empresarial parece más una apuesta política que una certeza regulatoria.
El Senado aprobó además la reforma de la Ley de Biocombustibles, que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel. La industria celebra, pero las pymes no integradas vuelven a quedar relegadas. La letra chica, como siempre, define quién gana y quién pierde.
En el plano internacional, el Gobierno festejó que el crudo Medanito cotice con premios sobre el Brent. Pero el documento aclara que el viento de cola no viene de una política virtuosa, sino de la guerra en Medio Oriente que dejó fuera de servicio un oleoducto saudí y recortó millones de barriles del mercado. Argentina aparece como proveedor alternativo “por default”, no por diseño. Y mientras celebra los precios, la infraestructura exportadora sigue siendo insuficiente.
El cierre del documento es lapidario. “El ajuste de Zona Fría, que duplica la factura de los jubilados excluidos y aumenta un 60% la de quienes conservan el beneficio, es la cara más visible de un modelo que premia a los incumplidores, castiga a los cumplidores y deja a los usuarios esperando una explicación que nunca llega.” La Argentina tiene viento de cola, pero el barco sigue haciendo agua.
Fuente : Radio+🎙️Multimedia 104.9 Mhz.
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