El exsecretario de Energía, Moisés Solorza, analizó las modificaciones al régimen de Zona Fría y advirtió que el nuevo esquema cambiará la forma de calcular las facturas de gas en Tierra del Fuego. Señaló que el incremento del aporte al fondo fiduciario y la focalización de los subsidios derivarán en aumentos para los usuarios, y planteó una alternativa para reducir el costo del GLP en Río Grande mediante el uso de energía eléctrica disponible tras la caída industrial.
Solorza explicó que la reforma no se limita a incluir o excluir regiones del beneficio, sino que modifica el mecanismo de cálculo de la boleta final. “La Ley de Zona Fría sufrió cambios sustanciales. El artículo 75 sostiene todo el presupuesto y el Estado Nacional no aporta un centavo. Eso no lo dicen los diputados y senadores de La Libertad Avanza”, afirmó. También cuestionó que se intente minimizar el impacto del nuevo esquema: “Cambia sustancialmente la forma de calcular la boleta final que te va a llegar a tu casa”.
El exfuncionario detalló que el régimen abandona el criterio biotérmico tradicional —basado en temperaturas promedio y zonas frías como la Patagonia— y lo reemplaza por un sistema focalizado y dolarizado, con subzonas y condiciones distintas a las históricas. “No es simplemente estar o no dentro de un título. Cambia el mecanismo que determina tu consumo doméstico”, sostuvo.
Solorza también advirtió sobre el incremento del aporte obligatorio al fondo fiduciario. “Los 50.500 medidores de Tierra del Fuego van a pasar de aportar 7,5% a 9%, y el Poder Ejecutivo puede incrementarlo un 50% más”, señaló. Para el dirigente, esto implica que más usuarios pagarán tarifa plena, algo que —según dijo— no se comunica con claridad.
El análisis se extendió al GLP. Recordó que 6.420 familias dependen de la garrafa y que el Gobierno provincial aplicó aumentos progresivos que llevarán el kilo a $300 en octubre. “Se suma un ajuste provincial al ajuste nacional. Un doble golpe sobre las tarifas de los vecinos”, afirmó. También cuestionó la falta de planificación energética y mencionó la deuda histórica de 50 millones de dólares por conexiones de gas no reclamadas.
En cuanto al impacto sobre la electricidad, Solorza advirtió que la segmentación focalizada afectará también el servicio eléctrico, especialmente en Río Grande, donde la generación depende del gas. Ejemplificó con su propia factura: “Una casa R3-1 pasó de $94.000 a $132.000. Eso significa menos comida en la mesa y más presión sobre salarios deteriorados”. Además, alertó que los aumentos se trasladarán a la cadena de valor: “La luz y el gas van a ir al kilo de pan, al litro de leche, al kilo de harina”.
Frente a este escenario, propuso reemplazar parte del consumo de GLP por energía eléctrica mediante equipos de frío-calor. Según su análisis, la caída industrial dejó entre 5 y 15 megas disponibles en la usina de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande. “Si en lugar de subsidiar GLP a $300 —que le cuesta a la provincia $56.000 millones— se usa esa energía ociosa para calefaccionar hogares, el Gobierno podría ahorrar entre $15.000 y $20.000 millones”, afirmó. La infraestructura ya está instalada y solo requeriría conectar equipos de calefacción.
Solorza agregó que la medida podría generar actividad industrial local, con producción e instalación de aires frío-calor. “Es necesario reconfigurar el esquema energético y pensar alternativas que hoy no se están evaluando”, sostuvo.
Finalmente, estimó que el impacto de la nueva normativa se verá a partir de noviembre, cuando se reglamente la ley. “La primera factura ya va a venir con el nuevo esquema”, concluyó.
Fuente : Radio+🎙️Multimedia 104.9 Mhz.
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