La resolución que impidió el corte de gas a una familia de Tolhuin abrió la puerta a nuevas presentaciones. La Defensoría Pública Federal ya analiza entre tres y cuatro casos de personas vulnerables que recibieron avisos de suspensión del servicio. Buscan consolidar un criterio judicial que impida interrumpir el suministro durante el invierno en Tierra del Fuego.
El frío, la vulnerabilidad y una empresa que no detiene los avisos
La decisión de la Justicia Federal de ordenar a Camuzzi Gas del Sur que no interrumpa el suministro a una familia de Tolhuin marcó un punto de inflexión en la disputa por los cortes de gas en plena temporada invernal. Aunque la medida cautelar tuvo alcance individual, su impacto ya se siente en toda la comunidad: desde que se dictó, no se registraron nuevas denuncias por suspensiones del servicio y la Defensoría Pública Federal comenzó a preparar más presentaciones para proteger a usuarios en situación de vulnerabilidad.
El defensor público oficial de la Nación en Tierra del Fuego, José Bongiovanni, explicó que el fallo no se extendió automáticamente al resto de los usuarios, pero sí generó un efecto preventivo. “Estamos recabando la prueba mínima de tres o cuatro casos de personas en una situación idéntica o incluso peor, que recibieron avisos de corte”, señaló. Cada caso deberá acreditar su situación particular: adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes con patologías graves o familias que dependen del gas para calefaccionarse en una localidad donde las temperaturas extremas son parte del paisaje cotidiano.
La estrategia de la Defensoría apunta a presentar medidas cautelares autónomas para cada afectado, con argumentos similares y dirigidas contra la misma empresa. Aunque no se trate de un amparo colectivo, la acumulación de causas podría consolidar un criterio judicial que impida suspender el suministro durante el invierno cuando la interrupción compromete derechos fundamentales. “No es constitucional dejar sin gas a personas vulnerables en Tolhuin. Esto debe analizarse más allá de si tienen deuda o no”, remarcó Bongiovanni.
El defensor también subrayó que la intervención judicial en conflictos ambientales o de servicios esenciales requiere una base en normativa federal y la acreditación de una lesión concreta de derechos. En ese marco, recordó que la protección ambiental y la seguridad energética están directamente vinculadas con la salud y la vida de las personas. El principio precautorio, explicó, permite actuar incluso antes de que el daño se produzca: “Una medida cautelar puede ser dictada por un juez que no resulte competente cuando existe una situación urgente, porque lo prioritario es evitar que el daño se produzca”.
La Defensoría ya aplicó este criterio en casos relacionados con la Reserva del Martial y con la protección del patrimonio cultural, y sostiene que cualquier institución dedicada a la defensa de derechos puede recurrir a esta herramienta. En el caso de los cortes de gas, la urgencia es evidente: en Tolhuin, donde las temperaturas pueden desplomarse a niveles extremos, la suspensión del servicio no es solo un problema económico, sino una amenaza directa a la integridad física de los habitantes.
Mientras Camuzzi continúa enviando avisos de suspensión, la Justicia y la Defensoría avanzan en un camino que podría definir un precedente clave para la provincia. En Tierra del Fuego, donde el invierno no perdona, cada cautelar es, literalmente, una medida para resguardar la vida.
Fuente:Radio + Multimedia 104.9