La Administración General de Puertos recomendó adjudicar a Concret Nor S.A. el recambio de las 75 defensas del muelle comercial con una oferta 18,08% superior al presupuesto oficial. La decisión se conoció sin que la ANPYN informara públicamente ni la empresa seleccionada ni el incremento aceptado, en un contexto de fuertes reclamos por falta de transparencia en el manejo de los recursos provinciales del puerto.
La Administración General de Puertos (AGP) avanzó con la preadjudicación de una de las obras más relevantes previstas para el Puerto de Ushuaia: el recambio de 75 defensas del muelle comercial. La Comisión de Preadjudicación recomendó contratar a Concret Nor S.A. por USD 2.573.156,25 y $1.342.350.194,42, aceptando una oferta que se ubica 18,08% por encima del presupuesto oficial, tras desestimar —de manera llamativa— las otras cuatro propuestas presentadas.
La decisión adquiere especial relevancia porque se produce en un escenario de crecientes cuestionamientos a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y a la propia AGP, organismo que se encuentra en proceso de liquidación. Ambas estructuras continúan negándose a brindar información sobre el destino de los recursos que recauda el Puerto de Ushuaia mediante infraestructura cuya titularidad pertenece a la Provincia de Tierra del Fuego.
En ese marco, la comunicación oficial difundida por la ANPYN volvió a omitir información clave: anunció el avance de la obra, pero no identificó a la empresa preadjudicada ni mencionó que la oferta aceptada implica un incremento del 18,08% respecto del presupuesto oficial, dato que sí figura explícitamente en el dictamen administrativo.
La empresa seleccionada, Concret Nor S.A., integra además el consorcio que obtuvo la concesión del Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur dentro del proceso de concesión de rutas nacionales, junto a Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A. Ese corredor incluye las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza–Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery. La firma aparece vinculada públicamente al empresario Sebastián Galluzzo, presidente de la compañía, con antecedentes en obras viales, movimiento de suelos y pavimentación.
Galluzzo también ha sido mencionado por su cercanía política con dirigentes del Frente Renovador, y por haber participado —a través de Concret Nor— en obras contratadas por la Municipalidad de Tigre en 2013 y por AySA en 2021.
En paralelo, la ANPYN utilizó el anuncio de la obra para reforzar otro de los ejes de su intervención: la reducción de la planta de personal. Según destacó el organismo, el Puerto de Ushuaia continúa operando con apenas el 20% de los trabajadores que tenía la administración anterior, sosteniendo que esa disminución permitió “optimizar procesos” y generar “ahorros significativos”.
Ese mensaje vuelve a evidenciar que la política impulsada por la intervención nacional apunta a consolidar un esquema operativo prescindiendo del 80% del personal de la Dirección Provincial de Puertos, una decisión que continúa generando cuestionamientos sindicales, políticos e institucionales.
Así, mientras Nación avanza con una obra adjudicada por encima del presupuesto oficial, persisten las mismas preguntas sin respuesta: ¿Cuánto recauda el Puerto de Ushuaia? ¿Cómo se administran esos recursos provinciales? ¿Bajo qué criterios se decide su utilización?
Hasta ahora, ni la ANPYN ni la AGP han brindado esas explicaciones.
Fuente: Radio + Multimedia 104.9