El diputado nacional Jorge “Coqui” Araujo advirtió que la reforma de la Constitución Provincial pretende modificar el Artículo 81 para permitir el desembarco de corporaciones y estados extranjeros en áreas estratégicas del territorio fueguino. También denunció prácticas laborales “desleales” en el sector petrolero tras el retiro de YPF y cuestionó el silencio del Gobierno Provincial ante la crisis social y energética.
La paz social en Tierra del Fuego ya no existe: es apenas un telón de humo sostenido por hilos que se cortan solos. Lo que dijo Araujo en la 104.9 no fue una entrevista, fue una autopsia del presente fueguino. Y lo que apareció sobre la mesa es brutal: mientras el Gobierno Provincial se arrodilla ante el mandato de Milei para tocar el Artículo 81, la soberanía se nos escurre como agua entre los dedos.
Araujo no habló de “modernización institucional”. Habló de un caballo de Troya. De un plan para abrir la puerta a capitales de Estados Unidos e Israel que buscan tierra, recursos y posición estratégica en el archipiélago. El Artículo 81 —ese que protege los recursos naturales y afirma la soberanía aérea, marítima y terrestre— es el botín de guerra. Y la reforma constitucional, el vehículo para entregarlo.
La presión, según el diputado, viene directo desde la Casa Rosada. La intención es alinear la carta magna fueguina con el RIGI y con la política de entrega de “tierras raras”. ¿Para qué? Para que corporaciones o incluso estados extranjeros puedan comprar extensiones críticas y montar servidores, bases operativas o infraestructura sensible en la Isla. Tierra del Fuego como zona franca geopolítica. Tierra del Fuego como mercancía.
Pero el drama no termina ahí. En el sector petrolero, la situación ya es de crueldad industrial. Tras el retiro de YPF y el traspaso de áreas a Belitec, hay 240 trabajadores en la calle. Y lo que les exigen para volver a trabajar es directamente esclavitud moderna: firmar el despido sin indemnización y renunciar a toda su antigüedad para ser reincorporados. Dos décadas de aportes tiradas a la basura. Un laburante obligado a escupir sobre su propia historia para no quedar afuera.
Mientras tanto, el Gobierno Provincial mira para otro lado. Desde el 10 de diciembre no hay diálogo con los diputados nacionales del campo popular. Silencio de hospital. Silencio que huele a pacto. Silencio que huele a entrega.
Y en Buenos Aires, el vocero presidencial Manuel Adorni —a quien Araujo calificó de “corrupto confeso”— aparece involucrado en el uso de fondos públicos y tarjetas de crédito de funcionarios para gastos personales, videojuegos y lujos. Todo mientras se le pide “esfuerzo” a un pueblo que ya no puede pagar la luz ni los medicamentos. La justicia, como siempre, duerme.
La Patagonia no puede ser el patio de juegos de la Embajada ni el desarmadero de Caputo. No puede ser la tierra donde se negocia la soberanía como si fuera un loteo privado. Si la política local no despierta, si sigue mirando su propio ombligo de cara al 2027, cuando quieran reaccionar las llaves de la Isla ya van a tener dueño en Houston o Tel Aviv.
Acá no hay punto medio: o están con los trabajadores y con el Artículo 81 intacto, o son los escribanos de la entrega.
Araujo denunció que la reforma constitucional busca modificar el Artículo 81 para permitir el desembarco de corporaciones y estados extranjeros en Tierra del Fuego. También reveló que a los petroleros despedidos por el retiro de YPF les exigen renunciar a su antigüedad para ser reincorporados. El Gobierno Provincial guarda silencio mientras avanza un plan de entrega territorial y laboral.
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Fuente: Radio + Multimedia 104.9