El jefe de Gabinete quedó atrapado en su propia trama patrimonial: rectificó tres veces sus declaraciones juradas, incorporó bienes omitidos y admitió que manejó más de USD 500.000 en negro. La crisis ya golpea al Gobierno y reconfigura el tablero político desde la Patagonia hasta Buenos Aires.
Manuel Adorni llegó al Estado en diciembre de 2023 con un patrimonio que él mismo definió como “austero”. En su primera declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA), presentada en enero de 2024, informó bienes por $25,7 millones y un puñado de dólares que, según el documento, habían ingresado a su patrimonio el “31 de diciembre de 1969”, una fecha imposible para alguien nacido en 1980. Esa primera foto patrimonial, que parecía menor, hoy es el epicentro de una crisis política que ya desborda Balcarce 50.
Porque un año y medio después, con la Justicia investigándolo por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni reescribió su propia historia económica: rectificó sus declaraciones juradas, multiplicó su patrimonio inicial por diez y terminó reconociendo operaciones que jamás había declarado ante la AFIP. Entre ellas, la supuesta venta de criptomonedas que —según él— guardaba en un pendrive encontrado en la casa de su padre fallecido.
En una de las rectificativas, el funcionario incorporó USD 565.000 por “venta de activos”, cifra que no figuraba en ninguna de sus presentaciones anteriores. El documento lo dice sin rodeos: “En la DDJJ 2023 Rectificativa 1 consignó a principios de año USD 565.000 por la ‘venta de activos’ que antes no estaban”. Ese salto patrimonial, que lo llevó a declarar $515,5 millones al cierre de 2023, es hoy el corazón del expediente judicial.
Casas, préstamos policiales y refacciones en efectivo: la trama que encendió todas las alarmas
El caso explotó cuando se conoció que Adorni había omitido declarar la casa que compró en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. La operación fue tan irregular como el resto de su evolución patrimonial:
- La propiedad costó USD 120.000.
- Adorni puso solo USD 20.000.
- El resto se lo prestaron dos mujeres policías, mediante una hipoteca privada.
- Luego invirtió USD 245.000 en refacciones, pagados en efectivo y sin facturas.
El contratista que hizo la obra lo declaró ante la Justicia. Y ahí la crisis dejó de ser contable para convertirse en política.
🧱 2024 y 2025: más bienes, más deudas y un patrimonio que ya roza los mil millones
En 2024, Adorni volvió a rectificar su declaración. Esta vez sí incluyó la casa del country y elevó su patrimonio inicial a $515,5 millones, muy lejos de los $61 millones que había informado antes.
En 2025, el salto fue aún mayor: declaró $944,5 millones al cierre del año, sumó un departamento de lujo en Caballito —comprado con otro préstamo privado, esta vez de dos jubiladas— y mantuvo deudas millonarias con familiares, policías, amigos y acreedores varios.La trama es tan enredada que ya nadie en el Gobierno puede explicarla sin titubear.
Por qué este caso golpea distinto en la Patagonia y en Tierra del Fuego
En la Patagonia —y especialmente en Tierra del Fuego— la política se lee con otra lupa. Acá no pasa desapercibido que mientras se exige austeridad, se recortan fondos y se ajustan programas, un funcionario nacional declara casi mil millones de pesos en bienes, muchos de ellos incorporados con préstamos informales, operaciones en efectivo y rectificaciones tardías.
En un territorio donde la obra pública se frena, los salarios pierden y la inflación pega más fuerte que en el AMBA, la pregunta que circula en radios, pasillos sindicales y sobremesas es simple y brutal:
¿Cómo hizo Adorni para multiplicar su patrimonio mientras el resto del país se empobrecía?
La respuesta, por ahora, no aparece en ninguna de sus declaraciones juradas.Lo de Adorni no es un problema contable: es un problema moral.No es un error administrativo: es un síntoma de época.No es una omisión involuntaria: es una forma de hacer política que se creyó impune.
Porque cuando un funcionario necesita tres rectificativas, préstamos de policías, hipotecas privadas, dólares sin declarar y refacciones pagadas en efectivo para explicar cómo vive, el problema no es la burocracia: el problema es él.Y cuando el Gobierno lo sostiene, aun sabiendo que cada dato nuevo empeora la situación, el mensaje hacia el interior del país es devastador:la vara no es la misma para todos.En la Patagonia lo entendemos rápido: si un laburante oculta ingresos, lo persigue ARCA.Si un funcionario oculta medio millón de dólares, lo aplauden en conferencia.La crisis de Adorni no es un escándalo más. Es la radiografía de un poder que perdió el sentido del límite.
Fuente: Radio + 104.9