La Legislatura de Tierra del Fuego insistió en la abrogación de la Ley 1529, notificó al Juzgado Electoral y dejó sin sustento jurídico la convocatoria del 9 de agosto. Con 11 votos, el Parlamento paralizó el proceso constituyente, profundizó el conflicto de poderes y expuso el aislamiento político del Gobernador en medio de la crisis económica y social que atraviesa la provincia.
La sesión del 22 de mayo en la Legislatura fueguina marcó un quiebre institucional que ya no admite matices: con 11 votos, el Parlamento insistió en la abrogación de la Ley 1529, notificó al Juzgado Electoral y dejó sin base legal la convocatoria a elecciones constituyentes del 9 de agosto. El cronograma quedó en el aire, el proceso se paralizó y el Gobernador quedó políticamente solo defendiendo una reforma que la mayoría legislativa considera inválida, inoportuna y socialmente rechazada.
El primer movimiento fue decisivo. La Legislatura incorporó un artículo para informar formalmente al Juzgado Electoral que la ley que habilitaba la reforma ya no está vigente. El mensaje fue directo: no hay sustento jurídico para que la justicia electoral avance con trámites, gastos o actos administrativos vinculados a una elección que perdió su fundamento legal.
El argumento jurídico más contundente lo aportó el legislador Damián Löffler. Recordó que el fallo del Superior Tribunal de Justicia no está firme porque existe un recurso de queja pendiente ante la Corte Suprema. Por lo tanto, el plazo de 210 días para convocar a elecciones nunca comenzó a correr. “Sin sentencia firme, no hay plazo en curso. El decreto es absolutamente inconstitucional”, afirmó.
A ese planteo se sumó la legisladora Victoria Vuoto, quien señaló que el decreto de convocatoria (851/26) se publicó el mismo día en que la Legislatura votó por primera vez la abrogación. Según la Ley 141, los decretos de alcance general entran en vigencia ocho días después. Es decir: cuando la reforma fue cancelada, la convocatoria ni siquiera estaba vigente.
La mayoría legislativa también remarcó que no existen actos consolidados: no hay listas oficializadas, ni candidatos proclamados, ni un cronograma firme. “Hay interés legítimo, pero no derechos adquiridos”, sostuvieron. Para los bloques opositores —PJ, MPF, LLA, Provincia Grande y Somos Fueguinos—, el proceso no solo es jurídicamente insostenible: es políticamente inviable en una provincia golpeada por la inflación, la crisis energética, los despidos industriales y un sistema de salud al límite.
El oficialismo de FORJA quedó prácticamente solo en la defensa del veto y del cronograma. El legislador Federico Greve insistió en que la ley de necesidad de reforma es una “ley especial” que, una vez aprobada, escapa a la disponibilidad del legislador. Sostuvo que la reforma es estratégica para “los próximos 30 años” y que la Legislatura no puede frenar un proceso ya delegado a la justicia electoral. Pero la réplica fue inmediata: “Si fuera tan especial, el Ejecutivo no podría haberla vetado”, respondió el MPF.
El debate dejó expuesta una fractura política profunda. Mientras el Ejecutivo intenta sostener una fecha electoral que ya no tiene piso legal, la Legislatura avanzó en sentido contrario: archivó el decreto, notificó al Juzgado Electoral y demolió jurídicamente el cronograma. El conflicto de poderes quedó formalizado y ahora será la Justicia quien deberá ordenar el escenario.
Pero más allá de la disputa técnica, el mensaje político fue claro. La reforma constitucional perdió legitimidad, perdió sustento y perdió respaldo. La sociedad fueguina no la pidió, la política no la acompañó y la Justicia aún no la convalidó. En un contexto de crisis económica, sanitaria y energética, la Legislatura decidió poner un límite institucional y político a un proyecto que avanzaba sin consenso social.
La postal final de la sesión fue inequívoca: el Gobernador quedó solo defendiendo una reforma que se desmorona entre vetos, abrogaciones y fallos sin firmeza. El 9 de agosto ya no existe. Lo que sí existe es una crisis política que el Ejecutivo deberá enfrentar sin atajos judiciales ni decretos salvadores, en una provincia que reclama soluciones urgentes y no una reforma constitucional sin calle, sin timing y sin respaldo.
Fuente Radio Mas 104.9 Multimedia