Melella vetó la derogación de la reforma constitucional mientras miles de fueguinos hacen malabares para sobrevivir al ajuste de Milei. Con hospitales sin insumos, barrios inseguros y familias que no pueden pagar el alquiler, el Gobierno insiste en una reforma que el 70% rechaza. La plata que debería ir a salud, seguridad y vivienda se va en un capricho político que solo busca abrirle la puerta a una reelección que la Constitución no permite.
El veto de Melella cayó como una cachetada en una provincia que ya viene golpeada. No solo por el ajuste feroz de Milei, que dejó a miles de fueguinos contando monedas, sino por un Gobierno provincial que parece vivir en otro mundo. Mientras la gente se pregunta cómo llegar al fin de semana, el Gobernador decidió vetar la derogación de la reforma constitucional, como si la prioridad fuera esa y no la vida real de la gente.
Y lo más llamativo es el argumento: dijo que la derogación era “inconstitucional”. Pero todos saben —cualquiera que haya cursado primer año de Derecho— que un gobernador no puede declarar inconstitucional una ley. Eso lo hace la Justicia. Lo suyo fue un veto político disfrazado de jurídico, una jugada para sostener un proceso que nació mal y que la mayoría de la provincia no quiere.
Porque la verdad es simple: el 70% de los fueguinos rechaza la reforma. No quieren gastar millones en un proceso que no les cambia la vida. Quieren hospitales que funcionen, seguridad en los barrios, viviendas dignas, trabajo estable. Quieren que el Estado esté donde tiene que estar. Y sienten —con razón— que el Gobierno provincial los dejó solos.
Mientras Milei ajusta sin piedad, Melella acompaña en silencio. Y mientras Nación recorta, Provincia mira para otro lado. La reforma aparece como una obsesión, un capricho, un salvavidas político para abrir la puerta a una reelección que la Constitución no permite. Y eso la gente lo sabe, lo siente, lo comenta en la calle.
La oposición dice tener los votos para insistir y rechazar el veto. Si lo hace, la pelea se va a los tribunales, donde el Ejecutivo tendrá que explicar por qué usó un veto para hacer algo que no puede hacer: declarar inconstitucional una ley.
Mientras tanto, la provincia queda atrapada en una pulseada que no es jurídica ni técnica.
Es una pelea entre la política y la realidad.
Y la realidad —la de la gente común— es la que está perdiendo.
Fuente Radio Mas 104.9 Multimedia