El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de la dictadura más atroz de Argentina. A cinco décadas, la fecha convoca no solo al recuerdo de las 30.000 víctimas, sino a reflexionar sobre un terrorismo de Estado que buscó imponer un modelo económico y social a sangre y fuego.
A las 3:10 del 24 de marzo de 1976, la voz del teniente general Jorge Rafael Videla irrumpió en cadena nacional para anunciar que el país quedaba “bajo el control operacional de la Junta Militar”. No fue un simple interrupción institucional. Fue el prólogo de la noche más larga de la historia argentina: el inicio de una dictadura cívico-militar que duraría hasta 1983, sembrando 30.000 desaparecidos, cientos de centros clandestinos de detención, torturas sistemáticas y el robo de bebés.
A 50 años de aquel golpe que derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón, la fecha no convoca a una mirada estática o al mero lamento histórico. La conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia —establecido por ley en 2002 y feriado inamovible desde 2006— exige una reflexión profunda sobre lo que significó el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”: un plan sistemático de terrorismo de Estado que funcionó como médula espinal del gobierno de facto.
El golpe no fue solo militar: fue patronal e imperialista
Analizar el 24 de marzo de 1976 desde la perspectiva histórica y de derechos humanos implica desmontar una falacia recurrente: la idea de que se trató de un mero reacomodamiento de fuerzas armadas. La dictadura que emergió esa madrugada tuvo un programa de tres etapas (orden institucional, revalorización de la autoridad y consolidación del proceso) que ocultaba una agenda económica y social brutal.
Con José Alfredo Martínez de Hoz al frente del ministerio de Economía, el gobierno militar impuso un plan neoliberal a sangre y fuego: congelamiento salarial, eliminación de controles de precios, devaluación y apertura externa. La pobreza trepó a un tercio de la población. La represión no fue un exceso, sino una herramienta de disciplinamiento social para destruir organizaciones populares, sindicalistas y militantes gremiales que habían desafiado al poder económico incluso antes del golpe.
Aquella madrugada no solo se ocuparon las estaciones de radio y televisión. Se ocupó el futuro de generaciones enteras mediante la imposición de un modelo que buscaba refundar el país sobre el silencio y el terror.
El Plan Cóndor y la sistematización del horror
La última dictadura argentina no fue un caso aislado. Formó parte de un engranaje mayor: el Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur (Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina). Los vuelos de la muerte, los archivos compartidos y los operativos conjuntos evidenciaron que el terrorismo de Estado fue una política regional diseñada para aniquilar a quienes se oponían al orden neoliberal impuesto por las fuerzas armadas.
En ese contexto, la figura de las 30.000 desapariciones no es un número abstracto. Detrás de cada cifra hay historias de resistencia: trabajadores que organizaban huelgas clandestinas, madres que desafiaron el silencio con sus pañuelos blancos, estudiantes que mantuvieron viva la lucha desde el exilio o desde las aulas intervenidas.
Juicio a las Juntas: un quiebre y un camino de impunidades
Con el regreso de la democracia en 1983, el presidente Raúl Alfonsín impulsó el Juicio a las Juntas, un hecho inédito en el mundo. En 1985, la Cámara Federal condenó a Videla, Massera, Viola y otros genocidas. Pero las presiones militares derivaron en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y más tarde en los indultos de Carlos Menem, que sumieron los crímenes en la impunidad durante años.
Ese círculo comenzó a romperse en 2003, cuando se declararon nulas esas leyes, y en 2005, cuando la Corte Suprema ratificó su inconstitucionalidad. A partir de entonces, Argentina recuperó la posibilidad de juzgar delitos de lesa humanidad, manteniendo viva la memoria como política de Estado. Sin embargo, a 50 años del golpe, las tensiones actuales sobre el Nunca Más advierten que la memoria no es un hecho consumado, sino una conquista que debe defenderse cada día.
Memoria activa, no nostalgia
Este 24 de marzo no se conmemora una fecha para perpetuar una visión estática del pasado. Se conmemora para comprender que el terrorismo de Estado no fue una aberración sin nombre: tuvo responsables, cómplices civiles, beneficiarios económicos y una lógica que buscó borrar de cuajo un proyecto popular.
La consigna de Memoria, Verdad y Justicia es, medio siglo después, un faro de advertencia. Cuando miramos a los 30.000, miramos una tradición de lucha que no se resignó ante el hambre, las reformas laborales regresivas o las guerras imperialistas.
Como aquella primera marcha en Rosario en 1984, cuando 70 personas desafiaron el olvido, o como las rondas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que nunca cesaron, este 24 de marzo la convocatoria es a llenar las plazas. No para mirar hacia atrás con melancolía, sino para seguir peleando por los sueños que la dictadura intentó exterminar.
A 50 años, el mejor homenaje es la memoria activa. Porque el Nunca Más no es una frase del pasado: es una decisión del presente.
Fuente: Radio Mas 104.9 Multimedia