La oposición prepara una sesión para el 15 de octubre que podría derogar el DNU 70/23, debatir la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar. El quórum está cerca, pero depende de los gobernadores que viajaron a París con Milei. El oficialismo intenta frenar la avanzada y evitar un colapso jurídico.
Mientras el Senado negocia la reforma electoral, la Cámara de Diputados se prepara para una jugada que podría cambiar el tablero político: la oposición quiere abrir el recinto el 15 de octubre para debatir la emergencia en discapacidad, el endeudamiento familiar y, sobre todo, la derogación del DNU 70/23, el mega decreto desregulador de Javier Milei.
El pedido de sesión ya reúne entre 116 y 117 diputados, según cálculos opositores. El quórum está cerca, pero no garantizado. La llave, otra vez, está en manos de los gobernadores que viajaron a París con el Presidente. Si bajan sus legisladores, el DNU podría caer definitivamente.
Varias señales apuntan a un avance opositor. Tres misioneros de Argentina Federal confirmaron que bajarán al recinto. En Catamarca también hay acuerdo. Los cordobeses de Provincias Unidas evalúan acompañar. Incluso la jefa del bloque, Gisela Scaglia, “lo está estudiando”. Pero aún faltan once voluntades para llegar a los 129 necesarios.
El oficialismo enfrenta un dilema. El Senado ya rechazó el DNU 70/23 y la Corte Suprema avaló el artículo 154, que deroga la ley de Tierras. Algunos aliados piden salvar el decreto para evitar un caos jurídico: “Es atentar contra la seguridad jurídica. No podemos ser como el cangrejo y volver para atrás”, dijo un diputado que no piensa sentarse.
En paralelo, Pichetto y Massot presentaron una cautelar para evitar que operaciones realizadas bajo el artículo 154 se consoliden como derechos adquiridos. El oficialismo evalúa ratificar la ley de Tierras mediante el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque su sanción ya provocó la caída política de Federico Sturzenegger.
La oposición cree que el fallo de la Corte reabrió un debate con consenso social y político. “¿Cuál es el costo de esto? ¿Movilización y quizás derrota para el gobierno?”, planteó una fuente de Unión por la Patria. En este contexto, la sesión del 15 de octubre podría convertirse en el capítulo más tenso del año legislativo.
El futuro del DNU 70/23, la agenda social y la estabilidad jurídica dependen de una sola variable: qué decidan los gobernadores.