El secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, Ernesto Alonso, cuestionó duramente la política del Gobierno nacional respecto de Malvinas, denunció la reinstalación de acuerdos con el Reino Unido, alertó sobre la nueva conexión logística desde Punta Arenas y advirtió sobre el avance hidrocarburífero en la plataforma continental argentina. También destacó la causa judicial iniciada en Río Grande y el riesgo ambiental de la explotación offshore.
El secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), Ernesto Alonso, lanzó una advertencia contundente sobre el rumbo de la política nacional en torno a la cuestión Malvinas. En diálogo con Radio Provincia, afirmó que “todo demuestra que están llevando adelante un plan sistemático de entrega de la soberanía”, en referencia a las decisiones adoptadas por el Gobierno de Javier Milei.
Acuerdos reinstalados y autodeterminación: el núcleo del reclamo
Alonso recordó que el Gobierno volvió a poner en vigencia el acuerdo Foradori-Duncan, derogado en los últimos días de la gestión anterior, y cuestionó el nuevo entendimiento Mondino-Lamy. Según explicó, estos acuerdos “dejan de lado todos los obstáculos para el mejoramiento económico en las áreas de pesca y petróleo en las Islas Malvinas”, favoreciendo directamente a la administración británica.
También criticó que el presidente argentino habilite la narrativa de la autodeterminación para la población isleña: “No les corresponde, porque el principio de autodeterminación solo le corresponde a los pueblos. Los que viven allí no son un pueblo originario”, recordó, citando la Resolución 2065 de Naciones Unidas.
La conexión logística desde Punta Arenas: una señal de alerta
Uno de los puntos más sensibles planteados por Alonso fue el anuncio de una nueva conexión logística entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, a través de la naviera AIL, que comenzaría a operar en noviembre con un viaje mensual.
El anuncio se conoció el mismo día en que Milei se reunía con el presidente chileno José Antonio Kast. “El gobierno no dijo absolutamente nada. Enviamos una carta documento al canciller Quirno porque están violando la Constitución y la cláusula transitoria primera”, sostuvo Alonso, al considerar que la medida mejora la logística de la usurpación británica.
La causa judicial en Río Grande: hidrocarburos y riesgo ambiental
Alonso recordó que el CECIM, junto a la Asociación de Abogados Ambientalistas, presentó un recurso ante la Justicia Federal de Río Grande para frenar el avance de empresas hidrocarburíferas que operan en áreas de concesión dentro de la plataforma continental argentina.
La jueza María Borruto ya se declaró competente y pidió nuevas diligencias. Para Alonso, el eje de la discusión es claro: “Hay que tocar el costo-beneficio de la usurpación”.
El dirigente advirtió que varias de las empresas que operan en zonas cercanas a Malvinas también tienen actividad en Vaca Muerta, lo que profundiza la preocupación por la explotación offshore: “Son pequeñas pymes que no tienen capacidad de asumir un derrame de petróleo que podría contaminar todas las costas de la Patagonia”, alertó.
Críticas al vínculo con Estados Unidos y a la nueva legislación de defensa
Alonso vinculó el escenario actual con la política exterior estadounidense y el alineamiento del Gobierno argentino con la administración de Donald Trump. “Hay un plan sistemático de entrega para dejarnos afuera y transformarnos en proveedores de materias primas”, afirmó.
También cuestionó la nueva legislación de defensa impulsada por el Gobierno: “Es aplicar nuevamente la doctrina Monroe. Es un condicionamiento directo a la democracia”, sostuvo, al advertir que la normativa podría ser utilizada para perseguir opositores.
Expectativa por la causa en Río Grande
Alonso destacó que la causa judicial avanza con rapidez y que permitirá “ventilar toda la cadena de financiamiento de estos proyectos”, que además implican alto riesgo ambiental y soberano.
Preguntas para el análisis soberano y geopolítico
La intervención de Alonso abre interrogantes clave para el futuro de la política argentina en el Atlántico Sur:
- ¿Qué impacto real tiene la reinstalación de acuerdos como Foradori-Duncan en la posición argentina frente al Reino Unido?
- ¿Cómo afecta la nueva logística desde Punta Arenas a la situación geopolítica en el Atlántico Sur?
- ¿Qué riesgos ambientales y soberanos implica la explotación offshore en áreas cercanas a Malvinas?
- ¿Qué rol deben asumir las organizaciones civiles y la justicia federal en la defensa de los recursos nacionales?
- ¿Cómo se reconfigura la política de defensa argentina bajo la nueva legislación impulsada por el Gobierno?
- ¿Qué estrategias pueden fortalecer la posición argentina frente a potencias como Estados Unidos y el Reino Unido?
La causa radicada en Río Grande y las advertencias del CECIM vuelven a poner en el centro del debate la pregunta esencial: ¿cómo defender la soberanía en un contexto de acuerdos, presiones externas y disputas por recursos estratégicos?
Fuente: Radio+🎙️Multimedia 104.9 Mhz.
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