En simultáneo con la movilización central en Buenos Aires, las tres ciudades fueguinas se sumaron a la denominada “marcha de la bronca”, donde organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles y de derechos humanos denunciaron el impacto del ajuste económico, la caída del empleo industrial y la entrega de soberanía en la isla.
Este sábado, y en consonancia con las manifestaciones realizadas en distintos puntos del país, Río Grande, Ushuaia y Tolhuin fueron escenario de la denominada “marcha de la bronca”, una convocatoria que reunió a sectores gremiales, sociales, estudiantiles, comunitarios y de derechos humanos para expresar el malestar frente a las políticas del Gobierno nacional y las responsabilidades locales.
En Río Grande, la movilización tuvo una amplia participación de la UOM, la Asamblea Comunidad Costera, el SIPROSA, referentes universitarios, jubilados de ATE, agrupaciones de derechos humanos y partidos de izquierda. Las organizaciones marcharon bajo un documento unitario que denunció el deterioro del empleo industrial, la crisis habitacional, el ajuste económico y las amenazas a la soberanía en la región.
El manifiesto leído públicamente sostuvo que “marchamos porque ya no se soporta seguir viviendo así. Marchamos porque el gobierno de Javier Milei no se aguanta más”, y llamó a enfrentar “el plan de motosierra, a sus cómplices y al FMI”.
La proclama remarcó que el impacto nacional adquiere una dimensión particular en Tierra del Fuego: “Aquí, donde la soberanía se defiende con el cuerpo y el trabajo, el ajuste tiene consecuencias devastadoras”, señalaron.
En materia de soberanía, el documento denunció la situación del Puerto de Ushuaia, afirmando que “está intervenido desde el 21 de enero por el Gobierno nacional”, con despidos y avasallamiento laboral. También repudiaron la instalación de la Base Naval Integrada con Estados Unidos, calificándola como parte de una política de entrega y extractivismo.
El reclamo local puso el foco en la matriz productiva y el colapso del empleo:
- 45% de empleos perdidos en Río Grande.
- 5 electrónicas cerradas, con más de 4.000 puestos directos y 3.000 indirectos afectados.
- 6 textiles cerradas, dejando 850 personas sin trabajo.
- 90% de paralización en la construcción, con 60 empresas cerradas.
- 315 comercios cerrados y 1.200 empleos perdidos en el sector comercial.
La declaración también abordó la crisis habitacional, denunciando alquileres dolarizados, hacinamiento, desalojos y paralización de viviendas sociales. A esto se sumaron críticas por recortes en universidades, precarización en salud, afectación al sector pasivo y pérdida de partidas de asistencia social.
Finalmente, el documento apuntó tanto al Poder Ejecutivo Nacional como al Gobierno provincial, señalando que el gobernador Gustavo Melella actúa como ejecutor de políticas de ajuste y entrega en la provincia.
La jornada concluyó con un llamado a la articulación popular para “transformar la bronca en una fuerza nacional capaz de cambiar esta realidad impuesta, cruel y desigual”.
Fuente: Radio+🎙️Multimedia 104.9 Mhz.