La agenda soberana de Tierra del Fuego quedó fuertemente alterada tras una reconstrucción presentada por Moisés Solorza en No Somos Neutrales. En Radio Más, el analista expuso una cronología que conecta tres hechos críticos: el radar inglés en Tolhuin, el petrolero británico amarrado en Ushuaia y la demanda ambiental contra la exploración hidrocarburífera en Malvinas Norte. La secuencia, presentada como primicia, fue confirmada por el secretario de Malvinas Andrés Dachary y ya derivó en un expediente ante la jueza federal Mariel Borruto, quien advirtió que el proceso “recién comienza” y que cualquier notificación internacional deberá pasar por Cancillería.
Según Solorza, el episodio más reciente —el amarre del petrolero británico en el Puerto de Ushuaia, a metros del monumento a los Caídos— involucra a un consorcio de petroleras extranjeras: Total Energy, Harbour Energy y Pan American Energy. Estas compañías operan en la zona norte de la provincia y, de acuerdo con la denuncia, violaron la Ley Gaucho Rivero y la Ley Solanas, que prohíben el ingreso de embarcaciones británicas.
Solorza vinculó este hecho con otro antecedente grave: el radar inglés instalado en Tolhuin, cuya presencia él mismo denunció meses atrás y que, según su análisis, forma parte de un patrón de actividades británicas en zonas estratégicas sin control estatal adecuado.
En la entrevista, Dachary confirmó la gravedad del caso y apuntó directamente contra la intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional, a la que calificó como “absolutamente ilegal”. Señaló que la pérdida de control provincial coincidió con visitas de funcionarios estadounidenses, entre ellos la general Laura Richardson, quien había manifestado interés en instalar una base conjunta para “controlar la Antártida y recuperar las Malvinas”.
La tensión creció cuando el vocero presidencial minimizó el incidente y sugirió que los fueguinos podían aprovechar la llegada del buque inglés para “vender imanes y souvenirs”. Dachary consideró la respuesta como una falta de respeto a la memoria de los caídos y una muestra de “cero empatía” con la historia de la provincia.
La cronología desembocó en un nuevo capítulo institucional: la demanda ambiental presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande para frenar la exploración hidrocarburífera en Malvinas Norte. La jueza Mariel Borruto explicó que el expediente está en etapa inicial, que deberá atravesar el análisis de la Fiscalía y que cualquier comunicación con empresas británicas deberá canalizarse vía Cancillería: “El juez llega hasta la puerta de Cancillería”.
Borruto también reivindicó la Ley 19.640, calificándola como “impecable” y recordando que su objetivo es generar empleo y consolidar la soberanía territorial: “La soberanía no se negocia”.
La secuencia completa —radar, buque, advertencias técnicas, entrevista con Dachari y demanda judicial— configura un escenario de máxima tensión geopolítica en el Atlántico Sur. El video que acompaña esta nota reconstruye la cronología que Solorza presentó como primicia y que ya impacta en los planos institucional, político y judicial.
Fuente: Radio + Multimedia 104.9