La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, explicó que la demanda ambiental contra la exploración hidrocarburífera en Malvinas Norte está en una etapa inicial y deberá atravesar estrictos requisitos antes de cualquier resolución. Advirtió que toda notificación a empresas británicas deberá canalizarse vía Cancillería y reivindicó la Ley 19.640 como “impecable”. Fue categórica: “La soberanía no se negocia”.
Un expediente que recién empieza y un límite institucional claro
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, detalló que la demanda ambiental presentada para frenar la exploración de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte se encuentra en su fase inicial y deberá atravesar el análisis de la Fiscalía y los requisitos propios de una medida cautelar. “Acaba de iniciarse, con lo cual tiene una vista la Fiscalía… una vez que responde la Fiscalía, nosotros revisamos”, explicó.
Borruto remarcó que se trata de una demanda civil, regida por el Código Civil y Comercial, lo que obliga al juzgado a verificar la legitimación activa, la documentación acompañada y la consistencia del pedido. Recién si esos requisitos están cumplidos, podrá evaluarse la cautelar solicitada, que exige acreditar verosimilitud del derecho y peligro en la demora.
Uno de los puntos centrales del expediente es que las empresas involucradas tienen domicilio en el extranjero. Allí aparece el límite institucional: “El juez llega hasta la puerta de Cancillería”, afirmó. Toda notificación internacional depende del Poder Ejecutivo y no del Judicial, un mecanismo que —recordó— se aplicó de igual manera bajo distintos gobiernos desde 2015.
La jueza también señaló que esta es la primera presentación ambiental de este tipo durante la actual administración, aunque el juzgado ya intervino en causas vinculadas con Malvinas y con veteranos, algunas aún pendientes en la Corte Suprema.
En la segunda parte de la entrevista, Borruto reivindicó la Ley 19.640, calificándola como “una ley impecable” por su capacidad de generar empleo y planteó que el régimen debe adaptarse a nuevas actividades productivas, incluyendo sectores tecnológicos e inteligencia artificial.
Finalmente, fue categórica respecto de la dimensión estratégica de Tierra del Fuego: “La soberanía no se negocia”. Reconoció que pueden existir crisis económicas y cambios coyunturales, pero sostuvo que la ubicación geográfica de la provincia exige profundizar las herramientas diplomáticas y proteger el territorio y sus recursos. “Puede haber más o menos gente, pero la soberanía no se negocia”, concluyó.