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Soberanía e hidrocarburos: el Fiscal de Estado intimó al Gobierno de Tierra del Fuego por las operaciones de un petrolero británico

Virgilio Martínez de Sucre otorgó un plazo perentorio de 15 días al gobernador Gustavo Melella para que remita informes, actas de inspección y el encuadre jurídico tras las maniobras del buque tanque de bandera británica VS PROMISE en Cullen y Ushuaia. El organismo investiga posibles infracciones a la “Ley Gaucho Rivero” y omisiones en el poder de policía provincial.

La presencia y las operaciones de carga del buque tanque de bandera británica VS PROMISE en la costa atlántica de Tierra del Fuego ingresaron formalmente al ámbito del control judicial-administrativo. A través de la Nota F.E. N.º 251/26 (derivada del Expediente N.º 48/26), el Fiscal de Estado de la provincia, Virgilio Martínez de Sucre, requirió formalmente al Ejecutivo que encabeza Gustavo Melella un informe respaldatorio con documentación técnica que transparente la actuación de las dependencias provinciales.

La intervención del órgano fiscalizador pone en foco la eventual vulneración de la Ley Provincial N.º 852 —conocida como “Ley Gaucho Rivero”—, la cual prohíbe el amarre, permanencia y reabastecimiento de buques de bandera británica o de conveniencia que operen en la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de las Islas Malvinas o en el Atlántico Sur.

Los cinco ejes del requerimiento oficial

El petitorio exige la intervención del Servicio Jurídico de la Gobernación y la remisión de expedientes físicos y digitales sobre cinco aspectos centrales:

  • Historial operativo y practicaje: Registros de amarre, despacho y servicios prestados al VS PROMISE tanto en el Puerto de Ushuaia como en la monoboya de Cullen (operada por la firma TotalEnergies), correspondientes al ejercicio actual e historial previo.
  • Tramitaciones y avisos previos: Constancia de notas, correos oficiales o solicitudes remitidas por agencias marítimas, la operadora petrolera o autoridades federales solicitando la viabilidad logística de la embarcación.
  • Actos administrativos y autorizaciones: Identificación de las dependencias o funcionarios provinciales que hubieren otorgado de manera expresa, tácita o implícita avales o conformidades de ingreso.
  • Ejercicio del poder de policía en Cullen: Envío de actas de inspección de carga, manifiestos de despacho del crudo, identificación de la firma fletadora y el dictamen jurídico de la Secretaría de Energía sobre el alcance fiscalizador provincial en la monoboya norte.
  • Protocolos de cruce de datos: Detalle de los mecanismos de verificación previa que ejecutan la Dirección Provincial de Puertos, la Secretaría de Pesca y el Ministerio de Producción, en coordinación con la Prefectura Naval Argentina, para dar cumplimiento al artículo 2° de la Ley N.º 852.

El debate por las competencias y la fiscalización del recurso

El emplazamiento de la Fiscalía de Estado limita el margen del Ejecutivo provincial para atribuir el evento de manera exclusiva a la jurisdicción marítima o aduanera de la Nación. Al solicitar las actas de fiscalización hidrocarburífera y los manifiestos de exportación, el organismo busca determinar si la administración fueguina convalidó operativamente la extracción y transporte del crudo antes de que la denuncia cobrara estado público.

Con un plazo legal fijado en 15 días hábiles, la respuesta del Gobierno Provincial resultará determinante para fijar el precedente institucional sobre la fiscalización de los recursos naturales patagónicos y la vigencia efectiva de las cláusulas de soberanía en el Atlántico Sur.

Fuente: Radio + Multimedia 104.9