Autofarma confirmó el cierre de todas sus sucursales en la Patagonia y deja a 190 trabajadores frente a un escenario de incertidumbre total. En Tierra del Fuego, 40 empleados quedan afectados por una crisis marcada por tres meses de salarios impagos, aguinaldo adeudado y la falta de certezas sobre indemnizaciones. La empresa atribuye parte del colapso a una deuda de $5.000 millones de OSEF.
Autofarma anunció el cierre definitivo de todas sus sucursales en la Patagonia, dejando a 190 trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad. La confirmación se produjo durante una audiencia de conciliación en Río Gallegos, donde los propietarios comunicaron que las aproximadamente 10 sucursales aún abiertas dejarán de funcionar la próxima semana.
En Tierra del Fuego, el impacto es directo: 20 trabajadores en Río Grande y 20 en Ushuaia quedan alcanzados por la medida, en un contexto donde ya acumulan tres meses de salarios impagos, aguinaldo adeudado y sin ninguna precisión sobre las indemnizaciones. “Hoy en día tengo miedo de quedarme en la calle”, expresó Miguel Ruiz del Valle, trabajador de la firma.
La empresa sostiene que no cuenta con fondos para afrontar las obligaciones laborales y que las indemnizaciones podrían pagarse “en cuotas”, dependiendo de futuros ingresos, embargos o liquidación de activos. Mientras tanto, los empleados enfrentan deudas acumuladas por alquileres, tarjetas y servicios esenciales.
El colapso de Autofarma está atravesado por una cadena de deudas de distintos organismos, entre ellos Acción Social, la Caja de Previsión de Río Gallegos y, especialmente, OSEF, cuya deuda con la empresa rondaría los $5.000 millones. Según el documento, OSEF había acordado un esquema de pago en siete cuotas con una bonificación del 10%, pero no abonó ninguna de las cuotas ni los montos mensuales posteriores. “OSEF no cumplió la promesa de pago”, afirmó Ruiz del Valle.
La situación se agravó cuando Autofarma fue retirada del convenio con OSEF y se inició una auditoría por presunta sobrefacturación, algo que los trabajadores consideran infundado: “FACAF controla la facturación, no podemos cambiar precios ni duplicar recetas”, explicó Ruiz del Valle.
Con una masa salarial mensual de $490 millones, la empresa reconoce que incluso cumpliendo el esquema de pagos, el dinero no habría alcanzado para cubrir todas las obligaciones, aunque sí habría representado un alivio para los empleados.
El cierre podría concretarse de inmediato. Los trabajadores aún no recibieron telegramas de despido y temen presentarse mañana y encontrar las puertas cerradas. En Río Gallegos, empleados se concentraron frente a una sucursal para exigir explicaciones a los propietarios, quienes “no dieron la cara nunca”.
La crisis deja expuesto el derrumbe de una cadena de pagos que atraviesa al sistema de salud y que terminó golpeando directamente a los trabajadores, quienes durante meses sostuvieron la actividad sin cobrar.