El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional no es una simple actualización jurídica: desmonta los principales mecanismos que frenaban la concentración extranjera en zonas clave del país. Investigadores advierten que la eliminación del límite departamental y otras modificaciones permitirían que grandes corporaciones accedan a territorios con agua, minerales, fronteras y bienes comunes esenciales para las próximas décadas.
Cuando el mapa se achica y los gigantes avanzan
La discusión sobre la nueva Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada encendió alarmas en universidades, organizaciones territoriales y especialistas en soberanía. No se trata solo de propiedad privada ni de un debate técnico: el proyecto reconfigura quién puede controlar los territorios donde se concentran los recursos estratégicos de la Argentina. La socióloga Julieta Caggiano, investigadora del CONICET e integrante del Observatorio de Tierras, advierte que la reforma habilita un escenario donde grandes corporaciones internacionales podrían profundizar su presencia en departamentos que hoy ya están bajo fuerte presión extractiva.
El punto más crítico del proyecto es la eliminación del límite departamental para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Hasta ahora, la ley vigente establecía un triple resguardo —nacional, provincial y departamental— que impedía que zonas estratégicas quedaran completamente concentradas en manos foráneas. El oficialismo propone elevar el tope nacional y provincial del 15% al 25% y, al mismo tiempo, borrar el único freno que realmente funcionaba en el territorio: el límite por departamento.
La advertencia es clara: aunque Argentina no alcanza el 15% de extranjerización a nivel nacional, muchos departamentos sí están saturados, especialmente aquellos donde se ubican recursos sensibles como acuíferos, lagos, cordillera, tierras fértiles, minerales críticos, hidrocarburos y zonas de frontera. La presión no es homogénea; se concentra donde el valor geopolítico es mayor. Por eso, eliminar el límite departamental no es un detalle técnico: es abrir la puerta a nuevas operaciones exactamente donde el interés corporativo es más fuerte.
La reforma también incorpora otros cambios que, combinados, profundizan la vulnerabilidad territorial. Se eliminan restricciones sobre tierras con cuerpos de agua y se delega en los gobernadores la autorización de compras en zonas de frontera. En un país con provincias desfinanciadas, esa negociación se vuelve desigual: gobiernos locales frente a conglomerados globales con capacidad económica y política para imponer condiciones.
Para Caggiano, este proyecto no aparece aislado. Forma parte de un proceso que comenzó en los años noventa, cuando la provincialización de los recursos naturales y la flexibilización de las zonas de seguridad de frontera facilitaron el avance de grandes capitales sobre extensas superficies del país. En ese contexto se consolidaron casos emblemáticos como Benetton y Lewis, que adquirieron tierras estratégicas bajo marcos normativos permisivos. La reforma actual, sostiene la investigadora, busca “terminar de legitimar” ese modelo.
Las consecuencias de la concentración territorial ya se observan en provincias como Misiones, donde el Observatorio de Tierras detectó que más de la mitad de las hectáreas productivas están ocupadas por monocultivos de pino y eucalipto. Ese avance desplaza a productores de yerba, té y alimentos, destruye selva nativa y reduce la diversidad económica de las localidades. El patrón se repite en distintas regiones: cuando desembarcan grandes corporaciones, se instala un esquema monopólico que arrasa con las economías regionales y limita las posibilidades de desarrollo local.
El mapa de la extranjerización también revela quiénes concentran la mayor cantidad de tierras: capitales estadounidenses encabezan el ranking con alrededor de 2,7 millones de hectáreas; les siguen los italianos, con cerca de dos millones —la mitad en manos de Benetton— y los españoles, especialmente en Cuyo. En Tierra del Fuego, los capitales estadounidenses son predominantes y Tolhuin aparece entre los departamentos más extranjerizados. Pero la nacionalidad es secundaria: lo que importa es el tamaño y la lógica de esos conglomerados, que responden a intereses globales y no a las necesidades de las comunidades locales.
La investigadora insiste en que el debate no involucra a inmigrantes que llegan al país para vivir y producir. La disputa es otra: quién controla los territorios donde se encuentran los bienes comunes que definirán el futuro de la Argentina. Agua, minerales, fronteras, lagos, tierras fértiles. Recursos que no se fabrican dos veces y que, bajo el nuevo proyecto, quedarían expuestos a una concentración sin precedentes.
La reforma, concluye Caggiano, no es una conspiración ni un movimiento aislado: es el programa económico que necesitan las grandes corporaciones para profundizar un modelo extractivo donde la Argentina queda relegada al rol de proveedora de materias primas sin valor agregado. Un país con un Estado debilitado, territorios vulnerables y recursos estratégicos en disputa. Un país donde la soberanía se juega, literalmente, en cada hectárea.
Fuente: Radio + Multimedia 104.9