Trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos alertan sobre contratos millonarios sin justificación técnica, incrementos de costos de hasta 1.200% y un esquema de adjudicaciones directas que, según denuncian, vacía la caja provincial mientras triangula fondos hacia la AGP, un organismo en proceso de disolución.
La intervención federal en el Puerto de Ushuaia volvió a quedar bajo fuego tras una serie de denuncias públicas realizadas por trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos (DPP). El personal sostiene que la administración de la Autoridad Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) está ejecutando gastos desmedidos, adjudicaciones opacas y decisiones que no responden a necesidades operativas reales, sino a un mecanismo de ejecución presupuestaria sin control territorial.
El referente del personal, Adrián Bleuer, describió un escenario donde los contratos se multiplican sin criterios técnicos y donde tareas menores se transforman en desembolsos millonarios. El caso más llamativo es el del servicio de mantenimiento y pintura: un trabajo que históricamente costaba alrededor de $7 millones mensuales pasó a proyectarse en $90 millones, sin pliegos, sin especificaciones y sin un detalle claro de las áreas a intervenir. Para los trabajadores, el salto equivale a un sobreprecio que ronda el 1.200%.
Otro punto crítico es el gasto de $150 millones destinado al mantenimiento de las cisternas de reserva. Según el personal, esos tanques hoy cumplen un rol secundario, ya que el suministro de agua para los buques está garantizado directamente por la DPOSS. “Reparar infraestructura que está en excelentes condiciones es un despropósito”, afirmó Bleuer, quien sostiene que la intervención está generando licitaciones y compulsas abreviadas que parecen orientadas a ejecutar fondos más que a resolver problemas concretos.
La preocupación también alcanza el manejo administrativo. Los trabajadores denuncian que expedientes y facturación están siendo derivados hacia la Administración General de Puertos (AGP), un organismo que se encuentra en proceso formal de disolución y liquidación. Esta triangulación, advierten, hace que el Gobierno provincial pierda trazabilidad sobre la recaudación y el destino final de los recursos generados por la terminal fueguina.
La falta de definiciones judiciales y la ausencia de una respuesta política clara profundizan la incertidumbre sobre el futuro del puerto, un enclave estratégico para la logística, el turismo y la economía de Tierra del Fuego. Para el personal, el riesgo es evidente: la intervención federal no solo altera la operatividad diaria, sino que podría estar erosionando el patrimonio provincial en un contexto donde cada decisión administrativa tiene impacto directo sobre la soberanía económica del territorio.
Fuente: Radio + Multimedia 104.9