La victoria de Argentina frente a Inglaterra expuso diferencias internas en el Gobierno nacional debido a la exhibición de una bandera sobre la soberanía de las Islas Malvinas por parte de los futbolistas, luego de que las autoridades de seguridad aceptaran las restricciones de ingreso a dichos símbolos en el estadio.
El oficialismo sufrió este jueves un golpe político inesperado: no logró reunir los votos para avanzar con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto clave para la agenda de La Libertad Avanza que buscaba modificar de manera profunda el régimen de tierras en Argentina. Sin los números necesarios, el bloque pidió pasar la sesión a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, en un intento por ganar tiempo y recomponer apoyos.
La iniciativa, impulsada por Patricia Bullrich desde la jefatura del bloque oficialista en el Senado, proponía eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, habilitar desalojos exprés y flexibilizar protecciones ambientales sobre bosques nativos y zonas afectadas por incendios. Aunque obtuvo 65 votos a favor, 3 en contra y una abstención, el oficialismo no alcanzó la mayoría especial requerida para darle media sanción.
Desde temprano circulaban versiones de que el proyecto no llegaría al recinto con los votos asegurados. La resistencia de sectores opositores y de algunos aliados circunstanciales se centró en un punto clave: la iniciativa no solo redefinía el derecho de propiedad, sino que abría la puerta a la adquisición irrestricta de territorios estratégicos por parte de capitales extranjeros, un movimiento que, según especialistas y legisladores, podría comprometer la soberanía territorial y los recursos naturales del país.
La narrativa oficialista, basada en la “defensa irrestricta de la propiedad privada”, chocó con un debate más profundo: qué significa la propiedad cuando se trata de tierra, recursos y control territorial. La discusión excedió lo jurídico y se volvió política, económica y geopolítica.
Antes de la votación del cuarto intermedio, el oficialismo logró aprobar 27 ascensos en Cancillería y 29 pliegos judiciales, entre ellos la prórroga del juez Víctor Pesino, quien había dejado sin efecto la cautelar de la CGT contra la reforma laboral. Pesino cumple 75 años el 27 de julio y su continuidad era una prioridad para el Gobierno.
El 6 de agosto, además de intentar nuevamente la aprobación de la ley, el oficialismo buscará avanzar con la llamada Ley Hojarasca, que elimina normativas consideradas obsoletas y ya cuenta con media sanción de Diputados.
El revés legislativo llega en un momento político sensible para el Gobierno, que enfrenta tensiones internas, críticas por la gestión de seguridad en el Mundial y un clima social marcado por la discusión sobre la soberanía —tema que volvió al centro de la escena tras la bandera de Malvinas exhibida por la Selección en Atlanta.
La sesión dejó una conclusión clara: La Libertad Avanza no tiene garantizada la gobernabilidad parlamentaria, y cada proyecto estructural dependerá de negociaciones finas, alianzas volátiles y una oposición que, lejos de fragmentarse, empieza a mostrar capacidad de bloqueo.
Fuente: Radio + Multimedia 104.9