La ratificación de la medida cautelar obliga al Gobierno a recomponer los salarios docentes y no docentes a niveles de 2023, y a garantizar las becas estudiantiles. Sin embargo, el fallo no aborda el presupuesto universitario ni resuelve el conflicto de fondo por el financiamiento educativo.
La Corte Suprema de Justicia ratificó la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a recomponer los salarios de los trabajadores universitarios y a garantizar el pago de las becas estudiantiles, según lo establecido en los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario. El fallo, que fue recibido con alivio por los gremios del sector, no resuelve, sin embargo, el conflicto de fondo: el presupuesto de las universidades nacionales sigue siendo insuficiente y recortado.
Así lo advirtió el Lic. Fabio Seleme de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) FAGDUT , en una entrevista con el programa 3D de Radio + 104.9 MHz. “Es una buena noticia porque ratifica que el Poder Ejecutivo debe cumplir la ley, pero lo que no entró en la cautelar fue el presupuesto de las universidades”, señaló el dirigente. “Las universidades siguen con un presupuesto restringido, cercenado. Acá entró lo que es salario y becas estudiantiles”, precisó.
El fallo beneficia a más de 150.000 trabajadores universitarios, entre docentes y no docentes, y también alcanza a los estudiantes que esperan becas. Sin embargo, Seleme fue enfático en aclarar el alcance de la medida: “No es que vamos a tener aumentos, vamos a tener el mismo sueldo que teníamos en 2023. La ley lo que hacía es restablecer lo que este gobierno nos robó desde que asumió”.
Una victoria parcial que no cierra el debate
La decisión de la Corte, que ratificó lo resuelto por el juzgado federal y la Cámara, pone “un poco de racionalidad en medio de un proceso político caracterizado por la locura y el desvarío”, según Seleme. Pero el dirigente sindical insistió en que el reclamo de fondo sigue vigente: el financiamiento integral de las universidades públicas.
“Sin la movilización de la universidad en su conjunto, los gremios docentes, no docentes y el sector estudiantil, no tendríamos ni la ley ni esta cautelar”, afirmó. Y advirtió que el gobierno nacional, pese al fallo, aún no ha garantizado el envío de los fondos para el funcionamiento de las casas de altos estudios.
El debate por el superávit y el endeudamiento
En la entrevista, Seleme también cuestionó el discurso oficial del superávit fiscal que el Gobierno utiliza para justificar el ajuste. “La cuestión del discurso del déficit es claramente una mentira. El país todos los días toma deuda nueva, pisa el dólar con ese endeudamiento y abre las importaciones. No hay ningún superávit porque si vos tenés superávit no te endeudás”, sostuvo.
El dirigente vinculó la reciente solicitud de un préstamo por 5.000 millones de dólares por parte del ministro Caputo con la necesidad de sostener el superávit a costa del empobrecimiento real. “Esa plata no la toman para infraestructura, porque el país tiene todo abandonado: el gas en el norte no llega porque no hay gasoductos, no hay salud pública, los hospitales se caen a pedazos, la educación pública está quebrada”, enumeró.
Proyecciones: la lucha continúa
Seleme adelantó que el sindicato continuará movilizándose para lograr una recomposición salarial genuina y el financiamiento integral de las universidades. “Esto no termina hoy. Seguramente va a continuar la lucha de los sindicatos universitarios”, afirmó.
El dirigente también cuestionó la política oficial de pisar la inflación para simular poder adquisitivo: “Siguen pisando la inflación para que creamos que nuestro salario rinde, pero es totalmente falso”.
El fallo de la Corte Suprema representa un respiro para el sector universitario en términos salariales y de becas, pero el horizonte sigue siendo incierto. Mientras el Gobierno evalúa cómo cumplir la cautelar sin alterar su meta fiscal, los gremios advierten que la recomposición salarial es solo el primer paso de una lucha más amplia por el presupuesto educativo. La educación pública, una vez más, queda en el centro del debate político y social.