La Comisión Especial Investigadora de la Legislatura avanzó en el análisis del caso LeoLabs y recibió al juez Gustavo González, autor del fallo que disolvió la filial argentina de la empresa británica. El presidente del cuerpo, Pablo Villegas, afirmó que la compañía mantiene su intención de continuar con las operaciones del radar instalado en Tolhuin, mientras la causa se revisa en la Cámara Civil y persisten trámites administrativos en Nación.
La Comisión Investigadora volvió a poner el foco donde duele: el radar inglés de Tolhuin sigue siendo un problema abierto. Aunque la Justicia ordenó disolver la empresa y anuló la habilitación por “interés público”, LeoLabs no se mueve un centímetro. Apeló, pidió caso federal y pelea en Nación para recuperar permisos. En la Legislatura lo dicen sin vueltas: la empresa no quiere irse y el radar sigue ahí, intacto, esperando que alguien se anime a certificar si está apagado de verdad. Mientras tanto, la Comisión se hunde en un expediente de 5 mil fojas y ya admite que septiembre puede quedar corto. El conflicto por el radar inglés está lejos de cerrarse.
La Comisión Especial Investigadora de la Legislatura de Tierra del Fuego recibió al juez Gustavo González y profundizó el análisis sobre la instalación del radar inglés de LeoLabs en Tolhuin, cuya habilitación fue anulada por razones de interés público. El encuentro fue valorado por las y los legisladores como un aporte institucional clave para el avance de la investigación.
El presidente de la Comisión, Pablo Villegas (MPF), señaló que la empresa mantiene su intención de continuar con las operaciones del radar, pese a la sentencia que dispuso la disolución de la sociedad y la cancelación de su inscripción registral. LeoLabs apeló el fallo y realizó reserva de caso federal, con lo que busca llevar la discusión a la Corte Suprema. Actualmente, la resolución se encuentra bajo revisión en la Cámara Civil.
Villegas destacó que el juez González no solo ordenó la disolución de la empresa, sino que decretó la nulidad de la habilitación otorgada originalmente, al considerar que afectaba el interés público. Esta decisión amplió el alcance del fallo y reforzó las objeciones institucionales sobre la instalación del radar en la estancia El Relincho.
El legislador indicó que, según la información disponible, el radar no estaría en funcionamiento, aunque advirtió que la Comisión aún no cuenta con un informe técnico concluyente que certifique su estado operativo. La infraestructura permanece instalada desde 2022.
En paralelo, se conoció que en la Jefatura de Gabinete de la Nación tramita un recurso de revisión vinculado a la cancelación de la habilitación otorgada por la Secretaría de Telecomunicaciones, lo que confirma que la empresa continúa activa en la defensa de sus permisos.
La Comisión —integrada por Villegas, Pino, Von Der Thusen, Colazo, Sciurano, Graciania, Dos Santos y Lapadula— acordó avanzar en el análisis del extenso expediente, que supera las 5 mil fojas. Villegas anticipó que el cuerpo prevé finalizar su tarea en septiembre, aunque no descartó solicitar una prórroga debido al volumen documental y la complejidad del caso.
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Fuente:Radio+🎙️Multimedia 104.9