La Legislatura de Tierra del Fuego activó la Comisión Especial Investigadora para desmenuzar las autorizaciones que permitieron a la empresa Leolabs Inc. y Leolabs Argentina SRL instalar un radar en Tolhuin. El legislador Pablo Villegas (Movimiento Popular Fueguino) fue ungido presidente del cuerpo, que ya fijó su próxima cita para el 18 de junio, cuando comenzarán a rodar las primeras medidas de investigación.
Lo urgente primero
La comisión tiene un mandato claro: revisar, controlar y exponer las actuaciones administrativas que habilitaron la instalación del radar y su estación terrena. El objetivo no es menor: determinar responsabilidades políticas y técnicas de los funcionarios que intervinieron, y evaluar posibles vínculos con organismos del Gobierno nacional.
Con facultades amplias, el cuerpo podrá exigir documentación al Ejecutivo, al Judicial, al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado, además de citar funcionarios, convocar testigos y designar peritos. Las reuniones serán públicas, salvo excepciones puntuales.
Patagonia, soberanía y lectura federal
El caso Leolabs no es un expediente más: se trata de un radar operado por una empresa con vínculos internacionales, instalado en el corazón de la isla grande de Tierra del Fuego. En palabras de Villegas, el desafío es alcanzar la “verdad histórica de lo que nos sucedió en la Tierra del Fuego” y evitar que se repitan situaciones que, según él, implican “tener en la Provincia un instrumento militar de la potencia usurpadora de nuestras Islas Malvinas”.
La investigación, por lo tanto, trasciende lo provincial: se inscribe en la disputa por la soberanía en el Atlántico Sur y expone la fragilidad de los controles estatales frente a intereses extranjeros.
Quiénes integran la Comisión
- Federico Sciurano (FORJA)
- Pablo Villegas (MPF)
- Juan Carlos Pino (PJ)
- Matías Lapadula (Provincia Grande)
- Raúl Von der Thusen (Somos Fueguinos)
- Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin)
- Natalia Gracianía (La Libertad Avanza)
- María Laura Colazo (Partido Verde)
Además, acompañan como asesores ad honorem representantes de los Centros de Excombatientes y Veteranos de Guerra de Ushuaia y Río Grande.
⏳ Plazos y final abierto
La comisión funcionará por 90 días hábiles, con posibilidad de prórroga. Al cierre, deberá entregar un informe final con conclusiones sobre las responsabilidades políticas y técnicas. Si aparecen responsabilidades de otra índole, serán derivadas a las autoridades competentes.
El radar de Tolhuin es mucho más que un aparato tecnológico: es un espejo incómodo de cómo se negocia la soberanía en la Patagonia profunda. La Legislatura, que suele dormitar entre homenajes y declaraciones, ahora se enfrenta a un examen de fuego: ¿será capaz de desnudar la trama de permisos, firmas y silencios que habilitaron a una empresa extranjera a plantar un ojo electrónico en territorio fueguino?
La política provincial tiene la oportunidad de demostrar que no es un mero apéndice de Buenos Aires ni un convidado de piedra en la disputa por el Atlántico Sur. Si la comisión se limita a un desfile de papeles y discursos, el radar quedará como otro monumento a la desidia. Pero si logra exponer la cadena de responsabilidades, la Legislatura habrá dado un paso histórico: ponerle nombre y apellido a quienes entregaron, por acción u omisión, un pedazo de soberanía.
En Tierra del Fuego, donde cada decisión se mide con la vara de Malvinas, el caso Leolabs no admite tibiezas. O se investiga a fondo, o se confirma lo que muchos sospechan: que el radar no solo vigila el cielo, también desnuda la tierra.
Fuente: 🎙️Radio +Multimedia 104.9