A once años de la primera movilización nacional, las organizaciones feministas marcharon en las tres ciudades de la provincia. Advierten que el desfinanciamiento nacional impacta de lleno en los dispositivos locales de prevención y salud mental.
La conmemoración de un nuevo aniversario de la movilización nacional “Ni Una Menos” tuvo un fuerte correlato político en Tierra del Fuego. Organizaciones sociales, colectivos transfeministas y referentes de los tres municipios marcharon este jueves para denunciar el impacto directo que el desmantelamiento de las políticas públicas nacionales está provocando en las estructuras de contención locales, hoy desbordadas por la demanda.
En Ushuaia, la concentración se concentró en la intersección de San Martín y Fadul, replicándose las actividades en Tolhuin y Río Grande. El eje de las demandas de este año abandonó la abstracción teórica para centrarse en un dato crítico: la parálisis operativa de los equipos interdisciplinarios que deben resguardar a las víctimas en el territorio.
La referente de la Colectiva Transfeminista de Ushuaia, Natacha Aldalla, alertó sobre la vulnerabilidad institucional que generó la eliminación del Ministerio de las Mujeres de la Nación y la poda de partidas presupuestarias específicas. “Volvemos a un Estado nacional que invisibiliza las cuestiones de género, que quita presupuestos y que niega la violencia institucional. Cuando la crisis económica se profundiza, las primeras vulneradas son las mujeres”, afirmó.
El colapso de la primera línea de contención
De acuerdo con las organizaciones locales, la retirada del financiamiento nacional provocó un efecto cascada sobre los equipos profesionales provinciales y municipales que atienden las urgencias en los barrios. La falta de recursos técnicos se cruza, además, con un incremento exponencial de las demandas ligadas a la salud mental, un factor que terminó por saturar el sistema de asistencia primaria.
“Hoy tenemos equipos desbordados, estallados. Las políticas públicas pueden estar escritas, pero si no cuentan con recursos reales, son letra muerta. Los profesionales están afrontando situaciones de altísima complejidad sin las herramientas mínimas necesarias”, interpeló Aldalla.
Asimismo, la dirigente apuntó contra las persistentes fallas de los organismos judiciales y policiales de la provincia a la hora de activar los protocolos de búsqueda ante denuncias por desaparición o pedidos de restricción. “Cuando una madre va a denunciar una desaparición y el Estado no le toma el trámite con la rapidez necesaria, o cuando se desestima de inmediato un pedido de auxilio, estamos ante una falla institucional grave que deja a las víctimas en el desamparo total”, sentenció.
Memoria activa en el territorio
El reclamo de este año en la provincia estuvo marcado por la proyección de las agendas locales hacia los próximos meses. Las organizaciones anunciaron que ya coordinan las acciones para la conmemoración de los diez años del femicidio de Anahí Núñez, un caso que conmovió a la localidad de Tolhuin y que sigue operando como bandera de exigencia judicial en el corazón de la isla. Asimismo, confirmaron la realización del próximo Encuentro Provincial de Mujeres y Diversidades, pautado para septiembre, donde se buscará unificar un bloque de exigencia presupuestaria ante las administraciones locales para paliar el vacío dejado por el Gobierno nacional.
Fuente Radio + Multimedia 104.9