La secretaria de Finanzas de Río Grande, Valeria Capotorto, confirmó una deuda millonaria por coparticipación y advirtió sobre el impacto en servicios esenciales, salud, transporte y obras públicas. El Municipio reclama regularizar las transferencias y no descarta avanzar judicialmente.
La secretaria de Finanzas del Municipio de Río Grande, Dra. Valeria Capotorto, confirmó que la deuda por coparticipación que la Provincia mantiene con la ciudad supera actualmente los 17 mil millones de pesos en términos reales y advirtió que la situación comienza a comprometer el funcionamiento financiero municipal y la prestación de servicios esenciales.
La funcionaria participó de una reunión junto al ministro de Economía provincial, Alejandro Barrozo, y representantes de Ushuaia y Tolhuin, donde se abrió una mesa de diálogo para intentar regularizar el envío de fondos coparticipables y discutir nuevos mecanismos de transferencia.
Según explicó Capotorto en diálogo con 3D – Radio + 104.9 MHz, la deuda vencida supera los 10 mil millones de pesos, mientras que otros 7 mil millones estarían próximos a vencer en los próximos días. “Necesitábamos que el ministro nos reciba y nos dé algún horizonte alentador, no sólo para achicar la deuda, sino también para reducir los plazos en las transferencias”, sostuvo.
La secretaria remarcó que los recursos reclamados “ya ingresaron a las arcas provinciales” a través de transferencias nacionales y recaudación propia de AREF, pero que no fueron remitidos al Municipio en los plazos establecidos.
“El Gobierno no tiene que salir a buscar estos fondos porque ya los recibió. Lo que reclamamos es que transfiera al Municipio de Río Grande el dinero que le corresponde”, afirmó.
Capotorto señaló que actualmente existen retrasos superiores a los 35 días y planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema de transferencias de 20 días o menos para garantizar previsibilidad financiera.
La funcionaria advirtió que el atraso impacta directamente sobre múltiples áreas municipales. Entre ellas mencionó el sostenimiento de obras públicas financiadas con fondos propios tras el retiro de aportes nacionales, programas sociales y sanitarios, la recolección de residuos, el transporte público y la prestación de agua potable y cloacas.
“Río Grande tiene 15 dispositivos de salud y una demanda creciente porque muchas personas perdieron cobertura social o no encuentran respuesta en otros sectores. Todo eso implica una inversión mensual muy alta”, explicó.
Además, destacó que el Municipio debió reorganizar su estructura financiera para sostener servicios y programas afectados por el ajuste nacional. “No podemos dejar de prestar servicios esenciales porque están vinculados directamente con la salud pública y la asistencia social”, agregó.
En relación al vínculo político con la Provincia, Capotorto aseguró que durante la reunión el ministro Barrozo descartó que existiera una retención intencional de fondos por motivos políticos. “Debo creer en la palabra del ministro”, expresó.
Sin embargo, confirmó que el Municipio dejó formalizado un reclamo administrativo con los montos adeudados y advirtió que, si no aparecen respuestas concretas en las próximas semanas, podría evaluarse una instancia judicial.
“La judicialización es la última alternativa. Intentaremos no llegar a eso, pero tenemos la obligación de defender recursos que pertenecen a los riograndenses”, sostuvo.
Las partes acordaron una nueva reunión técnica para el próximo 17 de junio en Tolhuin, donde continuarán trabajando sobre el esquema de distribución de fondos y la definición de coeficientes de coparticipación.
Capotorto consideró además que la situación actual “deja al descubierto la necesidad urgente de reformular el sistema de coparticipación provincial” y reclamó mayor transparencia y previsibilidad en el manejo de los recursos públicos.
Finalmente, valoró la apertura del diálogo institucional y destacó la voluntad del intendente Martín Pérez de avanzar en consensos. “La intención es resolver esto en el ámbito administrativo y no judicial”, concluyó.