El Gobierno de Javier Milei firmó un acuerdo militar con Estados Unidos para implementar un programa de patrullaje y vigilancia en el Atlántico Sur durante los próximos cinco años. La oposición denuncia una cesión de soberanía y advierte que el Mar Argentino no es un “bien común global”, sino un territorio donde el país debe ejercer control propio. El convenio incluye equipamiento, entrenamiento y apoyo operativo del Comando Sur.
El Gobierno nacional volvió a encender una tormenta política y geopolítica tras firmar un acuerdo con Estados Unidos para patrullar el Atlántico Sur bajo el paraguas del llamado “Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales”. El nombre suena amable, casi ecológico, pero detrás del título diplomático se esconde un movimiento que reavivó una pregunta incómoda: ¿quién controla realmente el Mar Argentino?
El anuncio no lo hizo la Casa Rosada, sino el Comando Sur de Estados Unidos, el organismo que supervisa las operaciones militares norteamericanas en América Latina. Desde allí informaron que la alianza busca “defender bienes comunes globales y fortalecer la seguridad regional”. Una definición que, para muchos, es un eufemismo elegante para justificar presencia militar extranjera en un área estratégica, rica en recursos y atravesada por disputas históricas como la de Malvinas.
La reacción opositora no tardó. El ministro bonaerense Carlos Bianco fue directo:
“El Mar Argentino no es un bien común global. Es un espacio donde la Argentina tiene la obligación de ejercer jurisdicción propia y custodiar sus recursos.”
Y agregó un dardo que expone el trasfondo del acuerdo: “En vez de ofrecer nuestro Atlántico Sur como área de entrenamiento y mapeo naval para otras potencias, el gobierno nacional debe cumplir allí sus funciones soberanas”.
La crítica no es menor. Mientras el Gobierno nacional se muestra alineado con Washington, la explotación ilegal de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte avanza sin freno. Bianco lo dijo sin rodeos: “Se sigue consolidando frente a la parálisis del gobierno de Javier Milei”. La paradoja es evidente: se firma un acuerdo para “proteger bienes globales” mientras se desatiende la defensa de los recursos propios.
⚓ Un acuerdo que se expande por cinco años
Según lo trascendido, la asociación arranca con la entrega de una cámara especializada para una aeronave que patrullará el Atlántico Sur. Pero eso es apenas el comienzo. El plan quinquenal incluye equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo operativo para interceptar “amenazas marítimas”.
La Carta de Intención fue firmada por el Contraalmirante Carlos Sardiello, en representación de las Fuerzas Navales del Comando Sur y la Cuarta Flota, y por el Almirante Juan Carlos Romay, por la Armada Argentina. Un gesto que, para algunos sectores, simboliza cooperación; para otros, subordinación.
🌎 ¿protección o entrega?
La narrativa oficial habla de “bienes comunes globales”. Pero en la Patagonia —y en cualquier rincón donde la soberanía no sea una palabra vacía— esa frase suena a otra cosa: a que el Mar Argentino se está ofreciendo como zona de entrenamiento para una potencia extranjera.
La pregunta que late es simple y brutal:
¿Desde cuándo el Atlántico Sur es un bien común global?
¿Desde cuándo un país renuncia a ejercer control pleno sobre su propio mar para que otro venga a “protegerlo”?
La respuesta es política, no técnica. Y es territorial, no abstracta.
Porque mientras se firma un acuerdo con Estados Unidos, las flotas ilegales siguen pescando frente a nuestras narices, las petroleras avanzan en Malvinas y la presencia británica en el Atlántico Sur continúa intacta.
En ese contexto, entregar patrullaje, entrenamiento y vigilancia a otra potencia no parece una estrategia: parece una renuncia.
La soberanía no se terceriza. Se ejerce.
Y cuando un gobierno decide delegarla, aunque sea envuelta en palabras bonitas, lo que se pierde no se recupera fácil.
Fuente Radio Mas 104.9 Multimedia