Un informe de la CGT revela un fuerte desfinanciamiento de las obras sociales sindicales, con millones de beneficiarios sin cobertura suficiente y crecientes dificultades para sostener las prestaciones básicas
El documento elaborado por la Secretaría de Acción Social de la CGT, a cargo de José Luis Lingeri, plantea un escenario extremadamente crítico para el sistema de obras socialessinidcales. Según el informe firmado por el propio titular de SGBATOS y de Jorge Sola, Octavio Arguello y Cristian Jerónimo, muchas organizaciones atraviesan una situación límite, con dificultades nodales para garantizar prestaciones médicas esenciales a sus afiliados. La CGT advierte que algunas obras sociales ya fueron dadas de baja, mientras que otras se encuentran en situación de crisis o directamente intervenidas como es el caso de OSPRERA. Este cuadro refleja el deterioro generalizado que afecta a todo el sistema de salud sindical, con base en el modelo económico y poco sustentable que implantó el libertarismo desde 2023.
En ese marco, la central obrera habla de una crisis “grave” y en algunos casos “terminal”, marcando que la imposibilidad de sostener servicios básicos ya no es una advertencia a futuro, sino una realidad que comienza a sentirse en distintas organizaciones.
Recaudación insuficiente
Uno de los datos más contundentes del informe tiene que ver con el desfasaje entre ingresos y gastos. Actualmente, las obras sociales recaudan en promedio unos 67 mil pesos por afiliado, mientras que el costo del Plan Médico Obligatorio ronda los 85 mil.Esta diferencia implica que el sistema está estructuralmente en déficit. En términos concretos, más del 78% de los beneficiarios —más de 11 millones de personas— se encuentran en obras sociales que no logran reunir los fondos necesarios para cubrir las prestaciones mínimas.
El problema se agrava porque los costos de la salud crecen por encima de la inflación, mientras que los ingresos dependen de salarios que han perdido poder adquisitivo.
La crisis financiera no queda en los números, sino que empieza a reflejarse en la vida cotidiana de los afiliados. A esto se suma la creciente dificultad de las obras sociales para cumplir con los pagos a clínicas, sanatorios y profesionales, lo que tensiona toda la cadena del sistema de salud. En muchos casos, y como no sucedía desde hacía mucho tiempo, son las adminstraciones de los gremios las que deben intervenir para sostener económicamente a sus propias obras sociales. Antes sucedía a la inveresa.
Monotributistas y jubilados, en el centro del problema
El informe también apunta a dos sectores que generan un fuerte desequilibrio financiero: los monotributistas y los jubilados. En el caso de los primeros, el aporte mensual está muy por debajo del costo real de las prestaciones que reciben.
Esto genera un desfasaje importante, ya que ingresan al sistema aportando poco pero con una demanda de atención que, según la CGT, suele ser más alta. Así, el sistema absorbe un costo que no logra compensar con esos ingresos.
En cuanto a los jubilados, la situación también es crítica. Las transferencias que realiza el PAMI resultan considerablemente inferiores a lo que el organismo recauda, lo que genera otro foco de tensión dentro de las obras sociales.
Hospitales, subsidios y un sistema desigual
Otro de los puntos cuestionados en el informe es la relación con los hospitales públicos. La CGT denuncia que en algunos distritos se aplican valores de facturación elevados y sin controles previos, lo que termina generando costos inesperados para las obras sociales.
Además, se señala que muchas prácticas no cuentan con autorización previa y que las internaciones de urgencia se informan de manera tardía, dificultando la auditoría y derivando en conflictos que incluso terminan judicializados.
En paralelo, la central obrera critica la distribución de subsidios por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, al considerar que no contempla las diferencias entre obras sociales grandes y pequeñas, lo que profundiza las desigualdades del sistema.La central obrera concluye que enfrenta un verdadero problema estructural que no se resuelve con medidas parciales. La creciente demanda, los costos en alza y los ingresos en caída conforman un escenario difícil de revertir.
A esto se suma el impacto sobre el Fondo Solidario de Redistribución, que destina una gran parte de sus recursos a cubrir prestaciones de alta complejidad, como discapacidad, dejando menos margen para otras necesidades del sistema.
En este contexto, la CGT plantea la necesidad de revisar de manera integral el esquema de financiamiento y regulación. De lo contrario, advierte, el deterioro continuará avanzando y pondrá en riesgo la sustentabilidad de todo el modelo de salud sindical.