El Ejecutivo reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil y redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una demanda histórica de los sectores más punitivistas. La medida, aprobada en tiempo récord, genera preocupación por la falta de recursos, la desigual aplicación provincial y el impacto sobre adolescentes en un país con uno de los índices más bajos de delitos juveniles de la región.
El Gobierno nacional oficializó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una reforma impulsada por el oficialismo y aprobada en sesiones extraordinarias. El decreto, firmado por Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, pone en marcha un sistema que deberá ser implementado por las provincias, pese al escaso aporte de Nación, lo que anticipa una aplicación desigual en todo el país.
La baja de edad fue defendida por Patricia Bullrich, quien sostuvo que la norma “está del lado del ciudadano” y cuestionó las políticas “zaffaronistas” que priorizan garantías y derechos. Sin embargo, especialistas y sectores de la oposición advierten que la medida se apoya en una premisa falsa: Argentina tiene el índice más bajo de delitos cometidos por adolescentes en América Latina, por lo que el impacto real sobre la inseguridad sería mínimo.
El proyecto contó con el apoyo de senadores de la UCR, el PRO y bloques provinciales, alcanzando 44 votos positivos y 27 negativos. Con esta reforma, el país se alinea con naciones como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela, aunque con penas más severas para delitos graves.
El Gobierno argumenta que la actualización era necesaria, dado que el régimen anterior databa de la última dictadura militar y carecía de plazos y procedimientos claros. No obstante, la oposición alerta que las medidas socioeducativas previstas difícilmente puedan cumplirse en un contexto de cárceles saturadas, institutos colapsados y presupuesto insuficiente.
La reglamentación abre así un nuevo capítulo en la discusión sobre seguridad, derechos y políticas juveniles, en un escenario donde el punitivismo vuelve a ocupar el centro del debate público.