La administración ultraderechista se ensañó con personas con discapacidad. No solo por elsistema de coimas en medicamentos que involucra a Karina Milei, Diego Spagnuolo y otros funcionarios, sino por los brutales ajustes en el sector, acompañados de represión ante las protestas.
Como detallaron los periodistas Matías Ferrari y Laura Vales para este medio, Spagnuolo puso en marcha una auditoría, que fue denunciada ante organismos internacionales por su carácter discriminatorio. Hasta la fecha, según informó el propio Gobierno, sirvió para dar de baja a unos 200 mil beneficiarios.
Las personas con discapacidad que eran citadas a auditarse, en muchos casos no recibieron ninguna notificación, ni para ser convocadas a la auditoría ni para ser informadas de la interrupción de la pensión. Se enteraron al dejar de cobrar.
El Congreso aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero el presidente Javier Milei la vetó. La misma establece:
- Regularización de pagos y actualización de aranceles: se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
- Reforma del sistema de pensiones no contributivas: el proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.
- Compensaciones económicas: el proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
- Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día: se asignan recursos específicos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo. Los sueldos están congelados en 28 mil pesos desde febrero de 2023.
- Cumplimiento del cupo laboral: reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
Tanto Senadores como Diputados insistieron con dos tercios para derribar el veto de Milei, pero el Presidente de todas maneras no cumplió la ley. Finalmente la promulgaron, pero suspendieron su aplicación. La Justicia Federal hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó al Gobierno que aplique la ley, pero eso tampoco ocurrió.
Luego, el Poder Ejecutivo intentó derogarla en el Presupuesto 2026, pero no le aprobaron el capítulo 11, que contenía ese ítem. Probablemente ninguna ley en la historia argentina haya tenido el nivel de respaldo institucional y social que esta norma, ratificada una y otra vez por el Congreso y la sociedad. Sin embargo, el Gobierno sigue sin cumplirla.
Fuente Pagina/12